La ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Rosário Palma Ramalho, explicó que la reforma tiene como objetivo flexibilizar regímenes "muy rígidos" para aumentar la "competitividad de la economía y promover la productividad de las empresas". Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de los servicios mínimos en caso de huelga para incluir sectores como guarderías, residencias de ancianos y, potencialmente, el abastecimiento alimentario. La ministra aseguró que la idea es "ser un bocadinho mais exigente quanto à definição dos serviços mínimos", pero sin "beliscar" el derecho a la huelga. Otra propuesta controvertida es la posibilidad de que los trabajadores puedan "comprar" hasta dos o tres días extra de vacaciones, funcionando como una falta justificada sin retribución pero contando como tiempo de trabajo efectivo. Además, el Gobierno pretende eliminar el período de prueba de 180 días para trabajadores en su primer empleo con contrato indefinido y para desempleados de larga duración. También se busca acabar con las restricciones al 'outsourcing' que impedían subcontratar servicios a una empresa que hubiera realizado despidos colectivos en los 12 meses anteriores. Las confederaciones patronales, como la CIP y la CCP, aplaudieron la iniciativa como una "buena base de trabajo" que corrige los excesos de la Agenda del Trabajo Digno. Sin embargo, los sindicatos, como la CGTP y la UGT, expresaron una "profunda preocupación", temiendo que las medidas aumenten la precariedad y representen un "regreso de la agenda da 'troika'".