El jefe de Estado criticó duramente el proceso legislativo, señalando que fue tramitado con una urgencia que impidió las consultas obligatorias a órganos judiciales y la debida ponderación. En su requerimiento, Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que las nuevas restricciones al reagrupamiento familiar, que imponen un plazo de dos años de residencia legal para solicitarlo para familiares mayores de edad, parecen "restringir, de forma desproporcional y desigual, el principio de la unión familiar, pudiendo no acautelar el superior interés de la criança". Además, advirtió que estas medidas podrían fomentar rutas migratorias irregulares y crear un "tratamiento diferenciado y discriminatorio". La ley también limita los visados para búsqueda de trabajo al "trabajo cualificado" y endurece las condiciones para ciudadanos de la CPLP. La decisión presidencial fue aplaudida por los partidos de izquierda (PS, BE, PCP, Livre), que ya habían alertado sobre posibles inconstitucionalidades. El PS consideró que la decisión confirma sus advertencias sobre un "grave atropello democrático". Por su parte, André Ventura, líder de Chega, lamentó el retraso, afirmando que "pode significar um caos ainda maior no descontrolo da imigração", aunque se mostró en contacto con el PSD para reformular la ley si es necesario. La medida también generó una reacción internacional, con el presidente de Angola, João Lourenço, expresando "algum incómodo" y pidiendo que Portugal no trate a los inmigrantes peor de lo que los portugueses fueron tratados en el extranjero.