La legislación inicial, aprobada y promulgada rápidamente el martes, subordinaba el Gabinete Nacional Anticorrupción (NABU) y el Gabinete Especializado Anticorrupción (SAPO) a la autoridad del fiscal general, una figura designada políticamente. Esto provocó una reacción inmediata de la sociedad civil, con miles de manifestantes en Kiev y otras ciudades, y de socios internacionales. La Comisión Europea exigió explicaciones, y la comisaria para la Ampliación, Marta Kos, calificó la medida como un "grave retroceso" en el proceso de adhesión de Ucrania a la UE. La Human Rights Watch también criticó la ley, afirmando que "desmantelar a independência destas instituições, em plena guerra com a Rússia, enfraquece os alicerces democráticos da Ucrânia". En respuesta a la presión, Zelensky anunció el jueves un nuevo proyecto de ley. "Acabo de aprovar o texto de um projeto de lei que garante um verdadeiro reforço" de los organismos y los protege "de qualquer influência ou ingerência russa", declaró en la red social X. Reconoció que "provavelmente deveria ter havido um diálogo" antes de la adopción de la primera ley. La UE saludó la medida correctiva, subrayando que la independencia de estas agencias es "crucial" para las aspiraciones europeas de Kiev.