La decisión fue tomada después de que diputados afines a Bolsonaro montaran tiendas de campaña frente al STF en protesta por las medidas cautelares impuestas al exmandatario, quien es investigado por liderar una presunta trama golpista. Desde el 18 de julio, Bolsonaro debe usar una pulsera electrónica, permanecer en casa por las noches y fines de semana, y tiene prohibido usar redes sociales y contactar a otros investigados. El juez Moraes ordenó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, disolver el campamento, advirtiendo que los participantes podrían estar cometiendo una "prática criminosa". Tras una reubicación inicial de los manifestantes, el juez amplió la prohibición para incluir las inmediaciones de los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Moraes justificó la orden para "evitar novos atos criminosos semelhantes aos que ocorreram em 08 de janeiro de 2023", cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en un intento de derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro enfrenta una posible pena de 40 años de prisión por su presunto papel como líder de la conspiración golpista.