Publicada en el Diário da República, la nueva normativa, suspendida desde 1997, tiene como objetivo evitar el pago de pensiones a personas ya fallecidas, una situación que, según el Gobierno, resultó en pagos indebidos de cerca de 11 millones de euros. La medida se aplicará de forma progresiva. En 2025, afectará a los pensionistas que residen en Suiza y Luxemburgo, quienes deberán presentar la prueba de vida hasta el 30 de noviembre para no ver suspendidas sus pensiones en enero de 2026. En 2026, la obligación se extenderá a los residentes en los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Cabo Verde. A partir de 2027, la medida será universal para todos los pensionistas que viven en el extranjero. La prueba de vida podrá realizarse de tres maneras: digitalmente a través del portal de la Segurança Social Direta, presencialmente en consulados o servicios públicos en Portugal, o mediante la presentación de documentos certificados por una entidad idónea del país de residencia.